Financiera Desyfin S.A. Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual del Ministerio Público señala a la cúpula de la Financiera Desyfin S.A. por presuntamente idear un plan con el objetivo de registrar y alterar registros para ocultar las operaciones efectuadas en la composición de activos, pasivos y resultados de los estados financieros de la entidad.
Según la fiscalía, mediante estas maniobras se habrían brindado informes falsos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) con el objetivo de alterar las condiciones de los contratos crediticios, “perjudicando a los ahorrantes, inversionistas y al órgano de supervisión (Sugef, en este caso)”.
La orden de allanamiento que derivó en las acciones judiciales desplegadas en octubre de 2024 en las oficinas centrales de Financiera Desyfin S.A. y en Arrendadora Grupo Desyfin, así como en 2 despachos legales y 5 casas, en Escazú y Santa Ana, detalla que entre diciembre de 2022 y agosto de 2024 6 imputados en la causa penal habrían alterado y proporcionado a Sugef informes “falsos” o “inexactos”.
“En el proceso de supervisión contable de Financiera Desyfin S.A., se determinaron inconsistencias en registros contables relativos al cómputo de partidas que corresponden a gastos como parte del activo, en la subcuenta “Gastos Diferidos”, el cual una vez corregido disminuyó el activo registrado de forma inadecuada y contabilizó los gastos no registrados hasta ese momento como tales, lo anterior por un monto total de ₡1.187.671.062,38. Información que originalmente reportada a la Sugef, a los ahorrantes, inversionistas y a las demás partes interesadas, no revelaba la verdadera situación financiera de la entidad”, puntualiza el documento judicial.
En la causa penal se investigan presuntos delitos de administración fraudulenta, reducción de pena y sabotaje informático. Entre los imputados figuran sujetos de apellidos Lacayo, González, Montero, Corrales y Salazar.
Una de las supuestas anomalías bajo investigación habría ocurrido cuando en el proceso de supervisión contable de Desyfin S.A. se habría reportado como diferido el asiento contable 1000001920, el cual no correspondía con la realidad y en febrero de 2024, producto de la supervisión tuvo que ser corregido, “por lo que la información originalmente registrada por los imputados habría sido falsa e inexacta”.
Otra situación irregular también se habría presentado en el asiento contable 1804 “Pago Imp Municipalidad de Carrillo”, el asiento contable 1784, el asiento contable diferido 1635 “Estimación por aumento de intereses” y en detalles de deudores y estimaciones reservadas”.
La fiscalía también advirtió que el asiento contable diferido 1829, Elevadores Transnacionales S.A., no habría correspondido con la realidad.
Este caso estaba relacionado con una factura del servicio brindado por Elevadores Internacionales S.A. por un monto de ₡5.890.351,00, correspondiente a un elevador de un edificio de torre de apartamentos, propiedad de Homelife XS S.A., el cual estaba en garantía de los créditos que dicha sociedad anónima poseía con Desyfin.
“Esta (factura) no correspondía con la realidad, por lo que producto de la supervisión el asiento contable anterior tuvo que ser corregido por los imputados como “gasto”, en virtud que se trataba de un error, ya que era un desperfecto mecánico en unos elevadores de un bien vendido por la entidad, que tenía un daño oculto y era parte de garantía. La información originalmente registrada por los imputados era falsa e inexacta”, subrayó la orden de allanamiento.
Otras situaciones presuntamente irregulares, bajo la lupa del Ministerio Público, tienen que ver con diferencias temporales entre facturas y registros contables, asientos contables por liquidaciones laborales, registros en gastos pagados por adelantado, incrementos de activo y reversiones de gastos, entre otras situaciones.
El 9 de octubre de 2024 se brindó el informe final de intervención de Desyfin. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
Más dudas
La fiscalía subrayó que los imputados habrían indicado a la Sugef que la suficiencia patrimonial de dicha entidad se ubicaba en 11,46% para marzo de 2023, en 12,18% en junio de 2023, en 10,80% en setiembre de 2023, en 11,88% en diciembre de 2023 y en 11,57% en el marzo de 2024. Sin embargo, luego de las revisiones realizadas por la Sugef en junio de 2024, el indicador de suficiencia patrimonial disminuyó luego del análisis de cartera de crédito realizado por el área de supervisión, mediante oficio SGF-DSI1-0020-2024 de fecha 6 de agosto de 2024, pasando de un 10,20% a un -0,06% al 30 de junio de 2024.
De igual manera, los fiscales sospechan que otra de las alteraciones habría ocurrido en la operación 10004362, correspondiente a la operación crediticia de un deudor por un monto de ₡579,273,802.26, con fecha de vencimiento de agosto de 2021. Dicho expediente de operación crediticia nunca habría sido entregado, de modo que esto le impidió a la Sugef determinar la veracidad de la información a partir de una confrontación con el contrato que se suscribió.
Además, la empresa deudora estaba disuelta desde el 4 de noviembre de 2021 y lo indicado en el estudio del analista de la Financiera Desyfin S.A., de fecha 1 de agosto de 2018, señala que la empresa no contaba con capacidad de pago para solicitar las facilidades de crédito solicitado. Pese a esto, la operación fue reportada por los imputados como una operación activa por la suma de $633.036.122,57, sin días de atraso y con un atraso máximo de 90 días reportado en su situación histórica. “Por lo que la información originalmente registrada por los imputados era errónea o inexacta”, detalló la fiscalía.
La financiera Desyfin fue objeto de intervención por parte de Conassif. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
La investigación
La causa penal se investiga desde el 13 de agosto de 2024, cuando se recibió una denuncia de la Sugef, a la que se sumó otra denuncia de la Interventoría de Financiera Desyfin, el 23 de setiembre de ese año.
El pasado 9 de octubre de 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó la resolución de Desyfin S.A., tras determinar su inviabilidad financiera.
Ese día, Laura Suárez, entonces presidenta del Conassif, explicó la decisión en una conferencia de prensa en la que también participaron la interventora Marianne Kött y Rocío Aguilar, entonces jerarca de la Sugef.
Suárez explicó que se acogió el informe de la interventoría después de que se determinó lo siguiente:
Ajustes en la información financiera y contable que, al 31 de agosto de 2024, totalizaron un monto de ₡17.015 millones. Entre los rubros ajustados destacan: estimaciones crediticias, reversión de gastos registrados como activos, pérdidas por venta de bienes, sobrevaloración de activos y provisiones de pago de impuestos.
Pérdidas de la financiera por ¢21.968 millones a agosto de 2024 derivadas fundamentalmente de dichos ajustes.
Pérdida de la totalidad del patrimonio de la financiera y un faltante de ¢6.704 millones, lo que representa una caída del -158% del patrimonio al 31 de agosto de 2024.
Caída en la suficiencia patrimonial, que pasó de un 10,3% reportada en julio de 2024 a -10,7% a agosto de 2024.
La no aprobación por los accionistas de un plan de regularización de la entidad que debía abarcar tres pilares: 1) capitalización, 2) robustecimiento de la liquidez y 3) transformación del gobierno corporativo.
Entre los hechos que ameritaron la intervención de la financiera, destacaron los siguientes:
Incumplimiento de las normas de suficiencia patrimonial.
Reducción del patrimonio por las pérdidas de la entidad como consecuencia del déficit en las estimaciones específicas requeridas para la cartera crediticia.
Una administración que pone en riesgo la seguridad y solvencia de la entidad, debido a una débil gestión crediticia, inconsistencias en la información suministrada, una limitada labor de la Auditoría Interna y la obstaculización de las labores de supervisión.
Federico Campos, abogado penalista y defensor de la familia Lacayo, afirmó en octubre de 2024, que existieron “graves vicios de ilegalidad” en las causas que motivaron la intervención de Conassif, así como violaciones al debido proceso por incumplir procedimientos que exige la normativa.
“Durante la intervención se dieron otra serie de anomalías en la valoración de negocios que son lícitos, erróneas reclasificaciones de créditos que han generado estimaciones indebidas. Todo lo cual ya se está impugnando por un equipo legal que hemos conformado en la vía penal, civil, administrativa y constitucional”, indicó el abogado, en esa oportunidad.
Campos acotó entonces que “de manera injustificada, los interventores rechazaron propuestas de capitalización de la empresa que eran viables para salvar la misma”.
“La Sugef y Conassif han dañado irremediablemente el buen nombre y reputación de una empresa que ha sido manejada responsablemente por la familia Lacayo durante décadas”, concluyó.
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Pablo Rojas
